Este verano del 2025 España ardió por los cuatro costados. No se recordaba nada igual. El fuego arrasó con arboledas, matorrales, casas, incluso vidas. Se llevó por delante los sueños de mucha gente.
El fuego llenó telediarios semana tras semana. Vimos a vecinos y vecinas desesperados. Vimos como las llamas devoraban todo lo que encontraban sin respetar nada. Vimos a vecindarios enteros luchas con medios precarios. Vimos a los profesionales de la lucha contraincendios luchar con sus medios menos precarios.
Ahora nos preguntamos quienes están detrás de la lucha contraincendios. Sorprende ver el tremendo nivel de privatización que hay en el sector, y también preocupa, porque no es bueno que haya empresas cuya cuenta de resultados dependa de que haya fuegos.
La lucha contra los incendios forestales, tradicionalmente considerada una responsabilidad pública esencial, ha experimentado en España una transformación profunda en los últimos años. Amparadas por el Real Decreto Legislativo 15/2022 y el artículo 148 de la Constitución Española —que otorga a las comunidades autónomas competencias en materia de gestión forestal— las administraciones regionales han optado por externalizar gran parte de los servicios de prevención y extinción de incendios. Esta decisión ha dado lugar a un lucrativo negocio que concentra cientos de millones de euros en manos de unas pocas empresas privadas.
Un marco legal que abre la puerta al negocio
La Ley de Montes y el citado Real Decreto han facilitado que las comunidades autónomas deleguen funciones críticas en empresas privadas, especialmente en lo que respecta a medios aéreos y brigadas helitransportadas. Esta externalización ha generado un oligopolio en el que destacan compañías como:
- Avincis: Controla aproximadamente el 80% del mercado de servicios aéreos de emergencia en España, incluyendo incendios, salvamento marítimo y emergencias sanitarias.
- Pegasus Aero Group: Principal operador en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.
- Eulen, Acciona, Desmontes, y otras empresas que operan en Castilla y León y Madrid, muchas de ellas con vínculos políticos.
Según investigaciones recientes, estas empresas han recibido contratos por valor de más de 650 millones de euros en los últimos dos años, sumando adjudicaciones tanto de comunidades autónomas como del Ministerio de Transición Ecológica.
El caso de Galicia: entre lo público y lo privado
Galicia, una de las comunidades más afectadas por los incendios forestales, ha invertido más de 48 millones de euros en medios aéreos y brigadas para combatir el fuego. Aunque la Xunta asegura que el 97% de los 3.000 efectivos desplegados son trabajadores públicos —2.000 funcionarios y 1.000 fijos discontinuos—, también reconoce que alrededor de 100 brigadistas helitransportados pertenecen a empresas privadas subcontratadas.
Estas brigadas, debido al elevado coste de los helicópteros y aviones cisterna, operan bajo régimen de alquiler, lo que permite a las empresas renovar flotas sin asumir el coste de propiedad. Esta fórmula ha sido criticada por sindicatos como SLTA, que denuncian condiciones laborales precarias, salarios congelados desde 2015 y una pérdida de poder adquisitivo del 30%, mientras los presupuestos públicos aumentan en proporción similar.
Además, se han señalado vínculos entre algunas de estas empresas y figuras políticas del Partido Popular, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia en las adjudicaciones y la posible existencia de favoritismos.
¿Un modelo sostenible?
La privatización de la extinción de incendios plantea serias dudas sobre la eficiencia del gasto público, la calidad del servicio y la equidad laboral. El Tribunal de Cuentas ha advertido sobre duplicidades y falta de coordinación entre administraciones, mientras que expertos y colectivos ecologistas reclaman un modelo 100% público, permanente y dotado de recursos suficientes.
La emergencia climática exige respuestas estructurales, no parches temporales. La prevención —limpieza de montes, repoblación con especies autóctonas, y políticas agrarias sostenibles— debe ser el eje de cualquier estrategia seria. Convertir el fuego en negocio puede apagar fuegos, pero no evita que se enciendan.
En la Asociación española por la Igualdad de género mostramos nuestra preocupación e indignación por el hecho de que haya empresarios que se están forrando a costa de los incendios. Cuanto más arden los montes más ricos se hacen estos empresarios y empresarias. Este enriquecimiento a costa de la desgracia de las familias que pierden sus casas y cultivos demuestra la falta de ética del sector empresarial y del sector político.
Estamos en el todo vale para hacer caja. ¿Vale también que los incendios quemen viviendas? ¿Vale también para facturar que ardan hectáreas y hectáreas de bosques?...
Tan mal se gestiona la lucha contra incendios que no se invierte en la limpieza de montes, ni en el desarrollo de un modelo económico para nuestros bosques que evite la proliferación de maleza, la falta de cortafuegos y la improvisación cuando llega un verano de altas temperaturas y altas llamas.
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