Hablar del
gasto en pensiones no debería ser un ejercicio de contabilidad fría, sino un debate profundamente político y social. Las pensiones no son un privilegio: son un
derecho conquistado por generaciones de trabajadoras y trabajadores que sostuvieron el país con su esfuerzo. Defender pensiones dignas es defender la dignidad del trabajo. Pero reconocer esto no implica ignorar una realidad incómoda: el sistema actual, tal como está diseñado, está tensionando la capacidad del Estado para invertir en otros pilares del bienestar.
Debemos, pues, darnos cuenta del inmenso gasto que suponen las pensiones en los presupuestos generales del Estado. Ya va siendo hora de pillar este toro por los cuernos y ponerle solución al problema que se está creando. De no hacerlo, podría llegar el día en que no demos de sí para pagar tanta pensión.
Un Estado del bienestar fuerte exige equilibrio. Los gastos deben estar equilibrados. Pensemos en una economía familiar: no todo puede ir para comida porque también es necesario que los miembros de la familia salgan a la calle vestidos, se eduquen, e incluso tengan momentos de ocio que hay que financiar con los ingresos familiares.
El gasto en pensiones supera ya el 13% del PIB. Es lógico que aumente: vivimos más, y eso es una victoria social. Pero cuando una sola partida crece de forma tan acelerada, el riesgo es evidente: otras políticas públicas esenciales quedan asfixiadas.
Sanidad, educación, dependencia, vivienda, igualdad, transición ecológica… todas ellas son también derechos. Todas ellas requieren inversión sostenida. Y todas ellas se ven condicionadas por un sistema de pensiones que absorbe cada vez más recursos sin mecanismos de corrección suficientes.
Desde una perspectiva progresista, la pregunta no es si debemos garantizar pensiones dignas —eso es incuestionable— sino cómo asegurarlas sin sacrificar el resto del Estado del bienestar.
Detrás del creciente gasto en pensiones está el envejecimiento de nuestra pirámide de población. El envejecimiento no es culpa de nadie, pero sí responsabilidad de todos. Por un lado, no hay ayudas suficientes a la maternidad y paternidad. Por otro lado, no queremos tener hijos. Se vive mejor sin esos pequeños diablillos que hay que llevar al colegio, alimentar y educar.
Así vemos como España envejece. Y lo hace rápido. Cada año y más pensionistas y menos cotizantes. No es un fallo moral ni un error político: es un fenómeno demográfico. Pero ignorarlo sí es una irresponsabilidad.
Un Gobierno serio debe asumir que la sostenibilidad del sistema no se garantiza solo con voluntad política. Requiere reformas valientes, progresivas y redistributivas que repartan el esfuerzo de manera justa:
- Más ingresos por la vía de quienes más tienen.
- Cotizaciones ajustadas a la realidad laboral actual.
- Lucha contra la precariedad que erosiona las bases del sistema.
- Políticas activas que aumenten la productividad y el empleo de calidad.
Porque sin buenos salarios hoy, no habrá buenas pensiones mañana.
Las transferencias de dinero a la Seguridad Social son crecientes. Se trata de un parche que no puede ser permanente. El Estado ha tenido que aumentar año tras año las transferencias a la Seguridad Social para sostener el sistema. Es comprensible, pero no sostenible. Cada euro destinado a tapar ese agujero es un euro que no se invierte en igualdad, innovación o servicios públicos.
La población de este país debe reivindicar que la protección social no puede depender de parches, sino de estructuras sólidas y justas. Y eso implica revisar cómo se financian las pensiones sin renunciar a su esencia: garantizar una vejez digna a quienes han trabajado toda su vida.
Debemos decir que pensiones dignas sí, pero con un modelo fiscal que esté a la altura. Defender pensiones dignas no es incompatible con exigir un sistema fiscal más progresivo, más eficaz y más valiente. Si queremos un Estado fuerte, necesitamos ingresos fuertes. No basta con redistribuir lo que ya existe: hay que ensanchar la base fiscal, combatir el fraude, gravar mejor las grandes fortunas y modernizar la estructura tributaria.
Solo así podremos sostener simultáneamente:
El Estado debe garantizar todos los derechos económicos a sus ciudadanas y ciudadanos. Debe mirar al futuro sin abandonar a quienes construyeron el pasado
El reto es enorme, pero también lo es la oportunidad. España puede —y debe— construir un sistema de pensiones que proteja a sus mayores sin hipotecar el futuro de sus jóvenes. Un sistema que combine justicia social con responsabilidad fiscal. Un sistema que reconozca que las trabajadoras y trabajadores merecen una jubilación digna, pero también que el Estado necesita margen para invertir en aquello que hará posible que las próximas generaciones vivan mejor.
El Gobierno tiene la obligación de liderar este debate con honestidad, rigor y valentía. Porque defender las pensiones no es solo defender el pasado: es defender un futuro en el que nadie quede atrás.
Instamos al Gobierno a acabar con el fraude en pensiones. No es de recibo que este país esté pagando pensiones a jubilados y jubiladas que tienen pequeños negocios en B o hacen trabajitos en B. Tampoco es ético que haya tanta diferencia entre una pensión máxima y una pensión mínima. Avancemos hacia la igualdad. Avancemos hacia pensiones más igualitarias en su cuantía porque todos y todas somos iguales ante la ley- Que no haya una tercera edad rica y una tercera edad pobre.
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ECONOMISTA
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