En un país que se dice democrático horroriza que haya figuras jurídicas como el juicio por delitos leves que viene a ser una condena por definición para el acusado. No importa que el acusado sea inocente o sea culpable. Para el juez o jueza será siempre culpable porque se le pone el vestido de culpable diseñado ad hoc por el legislador.
No es justo.
El juicio por delitos leves es indigno de una democracia. Es un tipo de juicio que está vulnerando derechos fundamentales recogidos en la constitución española.
Veámoslo.
Juicios leves, una figura jurídica sin garantías para el acusado
La instauración de los juicios leves tras la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 supuso la desaparición del tradicional juicio de faltas, un procedimiento que, pese a su simplicidad, ofrecía un marco procesal más garantista que el actual. La nueva regulación ha sido presentada como un mecanismo ágil para resolver infracciones penales de escasa entidad, pero una parte significativa de la doctrina ha advertido que esta figura implica un retroceso en las garantías procesales del acusado, al reducir formalidades esenciales que antes actuaban como salvaguardas frente a decisiones precipitadas o insuficientemente fundamentadas.
Diversos autores han señalado que el juicio leve presenta una estructura procesal extremadamente reducida, con una instrucción prácticamente inexistente y una concentración de la actividad probatoria en un único acto. Para Perfecto Andrés Ibáñez, esta simplificación puede derivar en resoluciones judiciales basadas en pruebas poco contrastadas, lo que compromete la tutela judicial efectiva. Silvia Barona Vilar coincide en que la supresión del juicio de faltas no ha ido acompañada de un refuerzo de garantías, sino de una disminución de controles que deja al acusado en una posición de clara desventaja.
La no obligatoriedad de la asistencia letrada es otro de los puntos más criticados. Aunque las infracciones sean leves, las consecuencias jurídicas —multas, indemnizaciones, antecedentes penales en ciertos supuestos— pueden ser relevantes. Juan Luis Gómez Colomer ha advertido que esta ausencia de defensa técnica obligatoria puede generar situaciones de indefensión, especialmente en personas sin conocimientos jurídicos o en colectivos vulnerables. Para estos autores, la idea de que la levedad del hecho justifica la levedad del procedimiento es una premisa errónea que erosiona el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.
La doctrina también ha puesto el foco en la inmediatez con la que suelen celebrarse estos juicios, a veces incluso el mismo día de los hechos. José María Asencio Mellado sostiene que esta rapidez, lejos de ser una virtud, puede convertirse en un mecanismo que sacrifica garantías esenciales en aras de la eficiencia. La falta de tiempo para preparar la defensa, recabar pruebas o solicitar asesoramiento jurídico coloca al acusado en una situación de clara desprotección.
A estas voces se suman otros autores como Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, quien ha señalado que la reforma de 2015 respondió más a criterios de descongestión judicial que a una reflexión profunda sobre la protección de derechos fundamentales. Luzón Peña ha advertido que la desaparición del juicio de faltas ha generado un vacío en la respuesta penal que se ha llenado con un procedimiento “rápido pero pobre”, donde la celeridad se impone sobre la calidad del enjuiciamiento. Por su parte, Tomás Salvador Vives Antón critica que el legislador haya optado por un modelo que reduce garantías sin ofrecer mecanismos compensatorios, lo que desnaturaliza el principio de proporcionalidad procesal. También Mir Puig ha señalado que la reforma penal de 2015 se caracterizó por una tendencia expansiva del derecho penal y una reducción de garantías procesales, de la que los juicios leves son un ejemplo paradigmático.
Jurisprudencia relevante
La jurisprudencia ha abordado algunos aspectos del juicio leve, aunque sin resolver plenamente las críticas doctrinales.
- El Tribunal Constitucional, en sentencias como la STC 47/2020, ha recordado que incluso en procedimientos simplificados deben respetarse los principios de contradicción y defensa, subrayando que la celeridad no puede justificar la vulneración de derechos fundamentales.
- El Tribunal Supremo, en resoluciones como la STS 677/2018, ha insistido en que la valoración de la prueba en juicios leves debe ser especialmente cuidadosa, dado que la ausencia de instrucción y la concentración del acto probatorio pueden generar riesgos de insuficiencia probatoria.
- Algunas Audiencias Provinciales han advertido que la celebración inmediata del juicio puede vulnerar el derecho a preparar la defensa, anulando actuaciones cuando se acredita indefensión material.
Aunque estos pronunciamientos han tratado de corregir excesos, la jurisprudencia no ha logrado compensar las carencias estructurales del procedimiento.
Comparación con otros sistemas europeos
En otros países europeos, los procedimientos para infracciones leves suelen mantener mayores garantías:
- En Francia, las contraventions se tramitan mediante un procedimiento simplificado, pero con posibilidad real de asistencia letrada y con plazos que permiten preparar la defensa.
- En Italia, las contravvenzioni mantienen una fase de instrucción mínima pero efectiva, y la presencia de abogado es habitual.
- En Alemania, el procedimiento para Ordnungswidrigkeiten es administrativo, pero con amplias garantías de recurso ante un juez, lo que evita decisiones precipitadas.
En comparación, el modelo español destaca por su excesiva inmediatez y por la ausencia de mecanismos compensatorios que garanticen la defensa del acusado.
La implantación de los juicios leves ha supuesto un empobrecimiento del sistema de garantías procesales. Aunque su objetivo declarado era agilizar la respuesta penal y adaptar el procedimiento a la menor gravedad de las conductas enjuiciadas, la realidad es que esta simplificación ha afectado directamente a derechos fundamentales del acusado. La ausencia de instrucción, la falta de obligatoriedad de defensa letrada, la celebración inmediata del juicio y la reducción de formalidades procesales configuran un escenario en el que la eficiencia se ha impuesto sobre la justicia.
La doctrina crítica coincide en que la supresión del juicio de faltas no ha sido acompañada de un diseño procesal equilibrado. Por el contrario, se ha creado un procedimiento que, aunque rápido, puede resultar insuficiente para garantizar una defensa efectiva y un enjuiciamiento justo. La rapidez no puede convertirse en un fin en sí mismo, especialmente cuando está en juego la protección de derechos fundamentales.
La comparación con otros sistemas europeos muestra que es posible articular procedimientos ágiles sin sacrificar garantías esenciales. España, sin embargo, ha optado por un modelo que prioriza la descongestión judicial sobre la calidad del proceso.
En definitiva, los juicios leves requieren una reforma profunda que permita recuperar un equilibrio adecuado entre celeridad y garantías. La justicia penal, incluso en su vertiente más leve, no puede renunciar a los principios que la legitiman: contradicción, defensa, igualdad de armas y tutela judicial efectiva. Sin estos pilares, el procedimiento corre el riesgo de convertirse en un mero trámite condenatorio con apariencia de juicio, pero sin la esencia de un verdadero proceso justo.
Es hora de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico un juicio siempre condenatorio que ha sido pensado para condenar a los más pobres por ser pobres.
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