Dicen que el campo no es rentable, pero algunos han encontrado beneficios en las leiriñas abandonadas por sus propietarios, aprovechadas por los más astutos. Este verano, el Lugar de Rumbo, en Santa María de Celas (Culleredo), se ha transformado en un improvisado refugio equino.
Recorriendo las carreteras del valle, por caminos apartados de miradas curiosas, he contado hasta veinte caballos. Solo uno está en una finca vallada. Los demás, apenas sujetos por un cordel, están en riesgo de soltarse y provocar accidentes en la carretera que conecta Rumbo con Sésamo.
En una finca colindante, un potrillo salta sin ataduras. Se cuela en la propiedad de unos vecinos que no desean animales. La propietaria, que ha invertido en desbrozar su terreno, ya no puede acceder. El potrillo disfruta del terreno, dejando sus deposiciones por todas partes.
La policía local del concello de Culleredo ha acudido, pero alegó no disponer de lector de microchips para verificar la identificación de los caballos. Tampoco comprobaron si los animales están registrados o si pertenecen a una explotación ganadera legal. Esto contraviene lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/963, que exige la identificación y registro de équidos, y el Real Decreto 577/2014, que regula la tarjeta de movimiento equino.
La Guardia Civil derivó el caso a la policía local, cuyo agente desconocía la ubicación de Rumbo, Ledoño y Celas. Aunque finalmente contactaron con sus colegas, no se remitió informe alguno a la Oficina Rural competente. Esto impide que se investigue una posible economía sumergida, vulnerando lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, que articula medidas para la regularización y control del empleo sumergido.
Los animales podrían formar parte de una explotación ganadera no registrada, lo cual infringe el Real Decreto 479/2004, que obliga a inscribir todas las explotaciones en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Además, la actividad podría estar generando ingresos no declarados, lo que supone fraude fiscal y vulneración de la Ley General Tributaria.
Parece, pues, que se tolera una economía en "B", gestionada por jubilados que perciben pensiones de la Seguridad Social mientras obtienen beneficios no declarados de una explotación ganadera ilegal. Esta situación afecta a la competencia leal, la seguridad vial, el bienestar animal y la protección del medio rural.
María Rey
Economista
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