Lugo impulsa su Bolsa de Alquiler con bonificaciones del 95% en el IBI y garantías frente a impagos

Ante la falta de vivienda, hay administraciones que toman medidas para favorecer la salida al mercado de alquiler de inmuebles que están vacíos. Lo tienen difícil porque hoy en día lo que se lleva es el alquiler turístico. Los caseros prefieren un turista a una familia que busca hogar. El turista suele pagar siempre. La familia inquilina tiene muchas más probabilidades de convertirse en familia inquilinaokupa.

El Ayuntamiento de Lugo ha reforzado su apuesta por la Bolsa de Alquiler Municipal con nuevas medidas destinadas a incentivar la incorporación de viviendas al mercado del alquiler asequible. Entre las principales novedades destaca una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios que cedan sus inmuebles a este programa, así como la garantía de cobro frente a posibles impagos por parte de los inquilinos.

Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Bienestar Social, tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a sectores de la población con mayores dificultades económicas, al tiempo que ofrece seguridad jurídica y económica a los propietarios que decidan colaborar.

Incentivos para propietarios

Los propietarios que se adhieran a la Bolsa de Alquiler podrán beneficiarse de:

• Bonificación del 95% en el IBI, lo que supone un importante ahorro fiscal anual.
• Garantía frente a impagos, mediante un seguro que cubre el abono de las rentas en caso de morosidad. Que nadie piense que van a salir de las arcas municipales los importes no abonados por los inquilinos.
• Asesoramiento y apoyo técnico, tanto en la adecuación del inmueble como en la gestión del contrato de arrendamiento.
• Intermediación municipal, que asegura un proceso transparente y ajustado a la normativa vigente.

Vivienda asequible y acceso digno

Desde el consistorio lucense se subraya que esta medida busca ampliar la oferta de vivienda en régimen de alquiler social, en un contexto de creciente demanda y dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes, familias monoparentales y personas en situación de vulnerabilidad.

La concejala de Bienestar Social ha destacado que "la colaboración público-privada es clave para garantizar el derecho a una vivienda digna, y con esta bolsa de alquiler queremos ofrecer seguridad a los propietarios y oportunidades reales a quienes más lo necesitan".

Cómo participar

Los interesados en formar parte de la Bolsa de Alquiler pueden informarse y presentar su solicitud a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento de Lugo, donde recibirán orientación personalizada sobre los requisitos, beneficios y procedimientos del programa.

Con estas medidas, Lugo se suma a otras ciudades que apuestan por políticas activas de vivienda, fomentando un mercado de alquiler más justo, accesible y seguro para todos.

Ojalá que medidas como estas tengan éxito. La garantía de cobro puede ser un aliciente importante para que personas que no pensaban alquilar por temor a no cobrar las mensualidades del alquiler cambien de opinión y pongan en el mercado sus viviendas. El tiempo dirá si funciona esta bolsa de alquiler con garantía municipal. En todo caso, Lugo no es una ciudad con un problema de vivienda tan acuciante como otras urbes.

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El Gobierno socialista de Pedro Sánchez hace caja con las personas vulnerables

Ser pobre sale caro en España. Al no tener se suma el no dar del Gobierno y, lo que es peor, también se suma el quitar.

En un contexto de creciente desigualdad social, resulta preocupante observar cómo determinadas políticas públicas parecen estar diseñadas no para proteger a los más desfavorecidos, sino para obtener rédito económico a costa de ellos. La expresión "hacer caja" cobra un sentido especialmente doloroso cuando se aplica a colectivos vulnerables que, lejos de recibir apoyo institucional, se ven sometidos a cargas fiscales, recortes y medidas que agravan su situación.

Tasas, recortes y abandono de los más pobres

En los últimos años, se han multiplicado las denuncias por el aumento de tasas administrativas que afectan directamente a personas con bajos recursos: desde el copago farmacéutico hasta el encarecimiento de trámites básicos como la renovación de documentos o el acceso a servicios sociales. A esto se suma la reducción de ayudas públicas, el endurecimiento de requisitos para acceder a prestaciones y la externalización de servicios esenciales que priorizan el beneficio económico sobre la atención humana.

Vivienda y energía: derechos convertidos en negocio

El acceso a la vivienda digna y a la energía básica se ha convertido en un lujo para muchos. Las políticas de vivienda social han sido desmanteladas progresivamente, mientras se permite la especulación inmobiliaria sin apenas control. En paralelo, los precios de la electricidad y el gas continúan al alza, sin que se implementen medidas efectivas para proteger a las familias en situación de pobreza energética.

El coste de la dependencia

Otro ejemplo alarmante es el sistema de atención a la dependencia. A pesar de que miles de personas esperan años para recibir una prestación o plaza en residencia, los presupuestos destinados a este ámbito no se ajustan a la demanda real. En muchos casos, las familias deben asumir costes desorbitados para garantizar cuidados básicos, mientras el Estado se limita a una gestión burocrática que retrasa la ayuda y genera sufrimiento.

Y no solo estamos hablando de costes económicos. También nos referimos a los costes humanos, a las personas cuidadoras familiares que renuncian a sus sueños para cuidar a sus seres queridos sin compensación alguna. No hay reconocimiento social hacia la persona cuidadora. Y es injusto. 

Encima el Gobierno, se encarga de poner la guinda a la tarta de dificultades que afrontan las cuidadoras familiares. Se echa en falta la regulación de horarios flexibles, la existencia de permisos en el trabajo para llevar a tu familiar al médico, la agilización en la tramitación en plazas en residencias públicas. 

El gobierno del señor Sánchez práctica, presuntamente, en Ley de la Dependencia una eutanasia encubierta. No le dan al anciano/a dependiente la pastilla para morir, pero le dan la miseria para acabar con su familia, sobre todo.

¿Quién paga la factura?

La paradoja es evidente: mientras se anuncian beneficios fiscales para grandes empresas o se condonan deudas millonarias, se exige a los ciudadanos más vulnerables que "se aprieten el cinturón". Esta lógica no solo es injusta, sino que perpetúa la exclusión social y erosiona la confianza en las instituciones.

Es urgente replantear el modelo de gestión pública, priorizando la equidad, la protección social y el respeto a los derechos fundamentales. Un Estado que hace caja con los más débiles deja de ser garante de justicia para convertirse en cómplice del abandono.

Debemos recordarle al Gobierno del señor Sánchez su obligación moral de servir a las personas más desfavorecidas y no servirse de ellas. Es inmoral que se hagan recortes en Ley de la dependencia, becas, políticas de vivienda de protección oficial. Y también es inmoral que se quiten de la lista de medicinas financiadas por la Seguridad social ciertos analgésicos, antigripales, antihistamínicos o los suplementos nutricionales. Unas vitaminas, por ejemplo, salen muy caras.

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Las horas que no nos pagan las empresas a las trabajadoras y trabajadores

Los ricos nos roban a los pobres. Así se hacen más ricos mientras nosotras y nosotros nos empobrecemos. Cada semana, cientos de miles de personas en España prolongan su jornada laboral más allá del horario pactado en un contrato laboral. Lo hacen sin recibir compensación alguna. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 400.000 trabajadores y trabajadoras realizan horas extraordinarias que no se pagan, una práctica que se ha convertido en rutina silenciosa en muchos sectores.

Este fenómeno no solo representa una injusticia laboral, sino también un ahorro millonario para las empresas. El INE estima que las compañías se ahorran más de 3.200 millones de euros al año gracias a estas horas no remuneradas. Es decir, se benefician de un volumen de trabajo equivalente a decenas de miles de empleos sin asumir el coste que ello implicaría.

Las horas extra no pagadas afectan especialmente a sectores como el comercio, la hostelería, la sanidad y los servicios administrativos, donde la presión por cumplir objetivos o atender la demanda lleva a muchas personas a quedarse más tiempo del estipulado. En muchos casos, estas horas ni siquiera se registran, lo que dificulta su fiscalización y deja a los trabajadores sin posibilidad de reclamar.

Además del perjuicio económico, esta situación tiene consecuencias sobre la salud física y mental de quienes la sufren. La prolongación constante de la jornada laboral sin compensación genera estrés, fatiga y dificulta la conciliación familiar. También perpetúa una cultura empresarial que normaliza el abuso del tiempo ajeno.

Llama la atención que la clase trabajadora no salga a la calle a manifestarse en contra de este abuso. Trabajamos y callamos. Somos esclavos sin saber que lo somos. Estamos apretando la tuerca como robots que no cesan hasta que se le pulsa el botón de apagado.

Pero, a diferencia de los robots, a nosotras y nosotros quien nos pulsa el botón del apagado es la salud. El cuerpo dice basta, vienen las bajas, los médicos, las jubilaciones anticipadas porque no podemos más en trabajos pensados solo para enriquecer a la clase empresarial.

La legislación española contempla el pago de las horas extraordinarias o su compensación con tiempo de descanso. Sin embargo, la falta de inspección y el miedo a represalias hacen que muchas personas opten por el silencio. El resultado: una economía que se apoya en el trabajo invisible de miles de ciudadanos. O dicho de otra manera más contundente: una economía basada en el trabajo robado a la clase trabajadora.

Es urgente que se refuercen los mecanismos de control y que se promueva una cultura laboral que respete el tiempo de las personas. Porque cada hora cuenta, y cada esfuerzo merece ser reconocido con el correspondiente pago.

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MARÍA REY

ECONOMISTA

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