Todos suponemos que las Comunidades Autónomas en España son derrochonas. Esto es así porque los gobiernos autonómicos gastan lo que recauda el Estado. No tienen las Comunidades Autónomas impuestos propios que las pongan ante los ojos de los ciudadanos como responsables de una subida de tributos.
También es cierto que hasta ahora pocos datos tenemos del sobrecoste que están suponiendo para los bolsillos de los ciudadanos. Tanto el Gobierno Central como los respectivos gobiernos de las autonomías se niegan a dar cifras. Sólo podemos hacer cálculos aproximados, afectados por la falta de homogeidad en gastos. Me refiero a que hay gastos en determinadas Comunidades Autónomas que no existen en otras. Por ejemplo, las embajadas autonómicas.
Mirando cifras del año 2008, el sobrecoste anual estimado de las Comunidades Autónomas es de 26 millones de euros. Es decir, el 2,6% del PIB. Para darnos cuenta de la magnitud del gasto, pensemos que el gasto de la Seguridad Social en toda España es del 3% del PIB.
Los sobrecostes se aprecian muy bien por capítulos de los presupuestos de las Comunidades Autónomas. En concreto en el Capítulo I y en el Capítulo II. El capítulo I recoge los gastos de personal. En gastos de personal se aprecia un sobrecoste de 12,8 mil millones de euros (un poco más del 1,2% del PIB). Las Comunidades Autónomas más eficientes en gastos de personal serían Murcia, País Vasco y Cataluña.
El capítulo II de los presupuestos de las Comunidades Autónomas recoge el gasto corriente. En gasto corriente tenemos un sobrecoste superior a los 13 mil millones de euros (un 1,3% del PIB). Murcia, Andalucía y Castilla y León serían las Comunidades Autónomas más eficientes en este capítulo.
En su conjunto, las Comunidades Autónomas con mayor sobrecoste en España serían Cataluña, Andalucía y Madrid.
Pero más que los gastos deberíamos mirar la relación entre el dinero que cada autonomía gasta y el desarrollo de su PIB. Este dato nos indica que Navarra, Murcia, Extremadura y Galicia serían las más eficaces, mientras que Cataluña y la Comunidad Valencia serían las que más malgastan.
Se podrían reducir mucho el coste del Estado Autonómico sin necesidad de eliminar los distintos autogobiernos. Sólo habría que eliminar órganos duplicados. Me refiero a los defensores del pueblo y del menor, embajadas y oficinas comerciales autonómicas, institutos de estadística y meteorológicos, agencias de protección de datos, las televisiones autonómicas, hasta 50 universidades públicas.
Se mantendrían gastos indispensables de instituciones de autogobierno y parlamentos autonómicos y, por supuesto, la ley de la dependencia.
María Rey
Economista
