Las Comunidades Autónomas tienen la mano muy abierta a la hora de gastar en personal. Es la conclusión a la que se llega mirando los datos que nos proporciona la Contabilidad Nacional. Así vemos como las CCAA que tienen transferida la Sanidad y la Educación elevan sus gastos de personal en el año 2019 hasta el 61% del gasto total del Sector Público, es decir, hasta los 81.773 millones de euros. El pasado año 2019 las autonomías utilizaban el 43% de sus presupuestos a pagar a su personal. Esto viene siendo el 44% de sus ingresos por impuestos y transferencias del Estado. El presente año 2020 el gasto de personal de las autonomías seguía su tendencia creciente. Hasta febrero llevaban gastados 12.285 millones de euros, casi 600 millones más que en el mes de febrero del 2018. Este incremento se explica por la subida salarial de los empleados públicos por encima del 2% por el incremento del número de trabajadores públicos.
Si tenemos en cuenta que los ingresos y los gastos todavía no estaban afectados por el coronavirus, la situación es más preocupante. Los ingresos previrus crecían el 1,6%. Los gastos crecían el 3,3%.
No pensemos que las Comunidades Autónomas son más o menos ahorradoras en función del partido que ostenta su gobierno. Todos los políticos autonómicos son derrochones, sean del color que sean. Fíjemos en los datos del año 2019:
-Castilla La Mancha: necesitó para pagar nóminas un 51,2% (3.843 millones, unos 173 millones más que el año anterior) de su presupuesto de gasto total (7.504 millones) a pagar nóminas. En términos de ingresos, esta cifra representa el 55% y es el 111% superior a la recaudación impositiva (1.820 millones) que registró en ese año (tanto de impuestos propios como por su participación estatal).
-Andalucía: gastó 14.379 millones en pagar a sus funcionarios frente 13.803 millones del año anterior (unos 600 millones más). Lo que significa que esta comunidad se gastó en pagar nóminas públicas el 50,6% de su presupuesto (28.413 millones), que representa el 62,1% de sus ingresos totales (27.967 millones). El incremento del gasto de personal porcentual fue del 4,2%, superior al alza de los gastos totales de esta Administración autonómica (3,2%) y de los ingresos (3,5%). Esta comunidad se gasta en pagar a sus empleados públicos casi el doble de sus ingresos impositivos (7.804 millones). Y, en lo que va de 2020, las cifras han empeorado notablemente. Hasta febrero su gasto de personal ha crecido un 7,6% (2020 millones frente a los 1.878 de hace un año).
-Extremadura: empleó el 50,5% de su presupuesto a abonar sueldos públicos. Esos 2.388 millones empleados en 2019 representan el 53,4% de sus ingresos y es casi el triple de la recaudación impositiva obtenida (884 millones).
-Murcia: dedicó a sueldos (2.782 millones) el 49,1% de su presupuesto de gastos y el 54,5% de sus ingresos totales.
-Aragón se gasto en nóminas el 48,8% de su presupuesto total así como el 52,5% de sus ingresos.
-País Vasco: gastó en personal el 48,6% de su presupuesto y el 47,2% de sus ingresos.
-Castilla y León: utilizó el 47,3% de su gasto y el 49,5 de sus recursos totales.
-Asturias: gastó en nóminas el 47,1% de su presupuesto y el 49,2% de sus ingresos.
-Baleares: el 35,6% de su presupuesto.
-Navarra: el 34,2% de su presupuesto.
Incluso en las Comunidades Autónomas donde el gasto en nóminas es menor (Baleares y Navarra), vemos como su masa salarial supera el tercio del gasto total. Otra apreciación a tener en cuenta es la dependencia que tienen las Comunidades Autónomas de las subvenciones estatales. Por ejemplo, en Murcia, si comparamos la cifra destinada a sueldos con sus ingresos tributarios, vemos que empleó el doble de la recaudación obtenida.
Unas Comunidades Autónomas que disparan con pólvora del Rey tienen que ser derrochonas. Esto cambiaría si tuvieran que ceñir sus gastos a sus ingresos tributarios. Habría que pensar, pues, en darle a las Comunidades Autónomas un impuesto para que se financieran. Por ejemplo, el IVA. Así sentirían presión ciudadana a la hora de gestionarse. Así sabríamos los ciudadanos lo que nos cobran las Comunidades Autónomas vía tributos, igual que sabemos lo que nos cobran los ayuntamientos vía tributos propios.
María Rey
Economista
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